Después de las críticas a un grupo de congresistas que defendió a Real Plaza Trujillo hace dos años cuando fue cerrada, el parlamentario Diego Bazán, uno de los cuestionados, se defendió y ahora niega que haya sacado cara por el centro comercial. Además reveló que personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo pidieron dinero para reabrir el establecimiento.
“Yo me manifesté porque cientos de trabajadores se comunicaron con nosotros indicando que la medida era arbitraria. También se comunicaron funcionarios del Real Plaza indicando que como se había cerrado de manera arbitraria se les estaba exigiendo 60 mil soles para reabrir el centro comercial sin pasar inspección técnica por su puesto (...) yo lo dije públicamente y nadie quería declarar (...)”, refutó Bazán.
Recordemos que el mencionado legislador dijo hace dos años, que el cierre del Real Plaza Trujillo era arbitrario e ilegal. Ahora que el techo de patio de comidas del establecimiento colapsó dejando seis muertos y más de 80 heridos, la versión de Bazán cambió.
En esa misma línea, parlamentarios criticados como Alejandro Cavero y Adriana Tudela, quien impulsó una ley para que los centros comerciales tengan certificados de inspección técnica de seguridad de edificaciones indeterminadas, también retrocedieron en sus dichos y acciones.
Tudela retiró su iniciativa y Cavero minimizó su defensa indicando que quieren politizar una tragedia.
PROYECTO. Mientras que la congresista Silvana Robles de la bancada Socialista, presentó un proyecto de ley para declarar de interés nacional la supervisión de estos establecimientos a nivel nacional, con el fin de prevenir futuros accidentes.
Además busca derogar la ley n.° 31914, que limitaría la labor de supervisión municipal.
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