El gobierno de Dina Boluarte dispuso la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial temporal con el objetivo de elaborar una propuesta de Ley de Soberanía Nacional. Aunque el texto indica que la norma busca reforzar la defensa y protección integral del país en un contexto de crecientes desafíos internos y externos, la verdadera intención de la mandataria podría ser acelerar una eventual salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El 27 de agosto, durante una actividad pública, la presidenta se refirió a este proyecto y explicó que la iniciativa tenía como fin establecer un marco legal que resguarde al país de “nuevas amenazas” y limite la presunta intromisión de organismos internacionales en asuntos internos.
“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes”, declaró.
Sus palabras coinciden con los recientes enfrentamientos con la Corte IDH por la promulgación de la ley que otorga amnistía a procesados por violaciones a los derechos humanos, una iniciativa que tanto la jefa de Estado como sus ministros han defendido de manera enfática.
Como se recuerda, el Ejecutivo organizó una ceremonia en Palacio de Gobierno el mismo día que Boluarte promulgó la ley de amnistía. Y un hecho que llamó la atención fue que en ese acto estuvo presente Juan Rivera Lazo, jefe de los integrantes del Grupo Colina y condenado a 25 años de cárcel por la matanza de Barrios Altos.
Cabe destacar que el grupo estará integrado por representantes de los principales ministerios y organismos vinculados a la seguridad y la defensa del país. Entre ellos figuran la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia y Derechos Humanos. También participarán el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los institutos armados: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú. La presidencia recaerá en el Ministerio de Defensa, que asumirá además la responsabilidad administrativa y técnica a través de la Dirección General de Política y Estrategia.
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