La exmandataria Dina Boluarte enfrenta un complejo escenario judicial tras dejar la Presidencia del Perú, ya que, si la justicia determina su responsabilidad en alguno de los procesos abiertos en su contra, deberá reembolsar al Estado los gastos asumidos para su defensa legal, conforme a la Ley del Servicio Civil y la Directiva 004-2015-SERVIR-GPGSC.
Desde el 17 de febrero de 2026, el Despacho Presidencial resolvió cinco solicitudes de patrocinio: aceptó cuatro vinculadas a presuntos delitos relacionados con el ejercicio del cargo y declaró improcedente la referida al presunto enriquecimiento ilícito agravado, al considerar que los hechos “no están vinculados al ejercicio regular de sus funciones”.
Según la Resolución Subsecretaría General N.° 000015-2026-DP/SSG, la negativa en el caso de enriquecimiento ilícito se sustenta en que el presunto incremento patrimonial —superior a medio millón de soles entre marzo y diciembre de 2024— sería de carácter personal y no derivaría directamente de decisiones presidenciales. Esta investigación, a cargo de la Fiscalía de la Nación, permanece en etapa preliminar y constituye uno de los frentes más sensibles para la exjefa de Estado.
En contraste, el Ejecutivo autorizó defensa estatal en cuatro procesos que consideró vinculados a funciones presidenciales, entre ellos dos investigaciones por presuntas lesiones leves y graves tras las protestas sociales de 2022 y 2023, donde la Fiscalía le atribuye no haber dictado medidas suficientes para evitar muertes y heridos. También se aprobó patrocinio en el caso de presunto cohecho pasivo propio relacionado con relojes y joyas de alto valor que habría recibido del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y en la investigación por falsedad genérica por la supuesta firma de documentos oficiales durante un periodo de convalecencia médica.
La Oficina General de Administración deberá gestionar y supervisar el uso de los fondos asignados, los cuales están sujetos a disponibilidad presupuestal. No obstante, la normativa establece con claridad que si una sentencia firme acredita responsabilidad penal o administrativa, la exservidora pública está obligada a devolver íntegramente los recursos públicos invertidos en su representación legal.
El futuro judicial de Boluarte dependerá ahora del avance de las investigaciones fiscales y del desenlace de cada proceso. Más allá del impacto político, la eventual restitución de los gastos legales abriría un precedente sobre el uso de fondos públicos para la defensa de altas autoridades, en un contexto de escrutinio institucional y debate sobre transparencia y responsabilidad en la gestión pública en el Perú.
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