La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un proceso judicial por presunta discriminación contra un niño de tres años con trastorno del espectro autista (TEA). La acusación está relacionada con hechos que habrían ocurrido cuando la legisladora trabajaba como profesora en un centro de educación inicial de Moquegua. Según la información difundida por el programa Cuarto Poder, el caso podría tener consecuencias para su permanencia en el cargo público.

DENUNCIA. Según la denuncia, Chipana se habría negado a tener al niño a su cargo y habría manifestado dificultades para trabajar con él debido a las necesidades de atención que requería.

El padre del menor, Ysai Cáceres, afirmó que la docente le dijo que no era posible que enviaran a su aula a un niño con esas características. También relató que, en una ocasión, la legisladora habría impedido que su hijo ingresara al centro educativo.

De acuerdo con audios difundidos por Cuarto Poder, la entonces docente habría señalado que trabajar con un niño con TEA era desgastante y que requería un trato especial. Asimismo, habría planteado que el menor necesitaba una «persona sombra», término utilizado para describir a quien acompaña y apoya al estudiante durante la jornada escolar.

Estos hechos forman parte de la acusación y deberán ser evaluados en el proceso correspondiente.

La defensa de Chipana está a cargo del exfiscal José Domingo Pérez y del abogado Aldo Álvarez Hurtado. Pérez sostuvo que la acusación se originó en una interpretación equivocada de las preocupaciones expresadas por la docente sobre la atención que necesitaba el menor.

Según el abogado, solicitar una maestra sombra para acompañar al niño no constituye, por sí mismo, un acto de discriminación. La defensa afirma que no existió intención de privarlo de su derecho a la educación.

Consultada por el dominical, Chipana señaló que el caso continúa en investigación y manifestó su preocupación por lo que considera un intento de perjudicar su imagen.

El caso podría derivar en una inhabilitación para ejercer un cargo público, según lo señalado en la información de origen. No obstante, el material proporcionado no precisa una sanción definitiva ni permite afirmar que Chipana haya sido declarada culpable.

El proceso deberá determinar si los hechos denunciados constituyeron discriminación y establecer las responsabilidades que correspondan.