El diputado Christian Aranda (Renovación Popular) evitó pronunciarse sobre el inicio de investigación que realizará la Comisión de Ética del Congreso en su contra por la presunta difusión de datos personales de una paciente que solicitó un aborto terapéutico.
La noticia dio la vuelta al mundo, medios internacionales como DW en español informaron que Aranda cometió una negligencia contra la ciudadana.
Al respecto, Aranda respondió a Diario Viral: “Como bien señalas, el caso (iniciar investigación) ya se encuentra en Comisión de Ética (aprobado el 14 de septiembre), por lo que no me pronunciaré más sobre dicho tema. Que el proceso siga su curso”.
El informe de calificación fue debatido este lunes 14 de setiembre por la Comisión de Ética, presidida por Henry Albañil, luego de una indagación preliminar sobre la actuación del diputado.
ORIGEN DEL CASO. El caso se originó el 24 de agosto, cuando Aranda remitió un oficio al hospital regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, para solicitar información sobre una paciente que había pedido un aborto terapéutico. Entre los datos requeridos estaban su diagnóstico, exámenes, historia clínica y los nombres de los médicos que evaluaron su caso.
Según el informe, la información obtenida fue posteriormente difundida en las redes sociales de Aranda. La publicación habría sido eliminada y luego republicada con modificaciones.
Entre los elementos que serán evaluados figura una imagen conservada por medios de comunicación, que correspondería a una versión del documento difundido y en la que aparecería el nombre de la paciente.
La comisión plantea verificar la autenticidad de este material.
El documento también advierte diferencias entre las declaraciones de Aranda respecto a la difusión de la información, por lo que considera necesario determinar si su actuación pudo vulnerar las normas sobre confidencialidad de la información médica y protección de datos sensibles de los ciudadanos contempladas en la Ley General de Salud.
Aranda reconoció anteriormente que hubo “un error por parte de mi despacho” y asumió responsabilidad política. No obstante, sostuvo que su intervención tuvo como objetivo defender la vida y cuestionó si el caso cumplía con los criterios para acceder a un aborto terapéutico.
La investigación formal deberá establecer ahora si existió alguna infracción.