El diputado de Renovación Popular, Carlos Yalta Sotelo, anunció que presentará un proyecto de ley para reforzar el congelamiento de fondos vinculados a extorsiones y permitir que las autoridades sigan el recorrido del dinero incluso después de que sea transferido a otras cuentas, billeteras digitales o productos financieros.

La propuesta busca fortalecer el mecanismo establecido por la Ley 32209, que permite el congelamiento administrativo de fondos o activos presuntamente relacionados con este delito. El objetivo es evitar que los delincuentes evadan la medida trasladando rápidamente el dinero hacia otros destinos.

“Hay que seguirle la plata”, sostuvo Yalta en Radio Nacional, al explicar que no sería suficiente congelar los recursos únicamente en la primera cuenta identificada. Según el legislador, el mecanismo debe permitir rastrear las transferencias posteriores para evitar que el dinero desaparezca del alcance de las autoridades.

RESPUESTA RÁPIDA. El proyecto también plantea acelerar la respuesta frente a las operaciones digitales. Según Yalta, la entidad que reciba una orden de congelamiento deberá informar, dentro de las dos horas siguientes, sobre su ejecución y la ruta que siguieron posteriormente los fondos.

El legislador precisó que su iniciativa no contempla crear una nueva institución, sino mejorar la coordinación entre los organismos que ya participan en la investigación y persecución de estos delitos, como la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El anuncio ocurre mientras la extorsión continúa entre las principales preocupaciones de seguridad en el país, especialmente entre sectores como los transportistas de Lima y Callao.

Pide facultades, pero sin “cheque en blanco”

Yalta también se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo prevé presentar al Congreso para fortalecer la lucha contra la delincuencia.

El parlamentario afirmó que el Congreso debe evaluar las herramientas solicitadas por el Gobierno, pero también mantener su función de fiscalización y plantear medidas propias.

“Facultades sí; cheque en blanco, no”, señaló. Añadió que el Ejecutivo debe establecer objetivos, plazos y responsables para medir los resultados de las medidas que pretende aplicar contra la inseguridad.