El Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, una norma con la que busca reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto estatal. Con estas acciones, el Gobierno estima alcanzar un ahorro de S/ 1200 millones durante el presente ejercicio fiscal, lo que contribuirá al cumplimiento de la meta de déficit de 2.2 % del PBI establecida para el próximo año.
La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, explicó que las medidas responden a una política de austeridad responsable. “La austeridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sol del Estado se utilice con eficiencia y transparencia. Estas medidas son necesarias para cumplir la meta fiscal y mantener la confianza en la economía peruana”, afirmó.
Entre las principales disposiciones del decreto destacan la reducción de gastos en bienes y servicios no esenciales —como publicidad, eventos, consultorías y servicios diversos—, la priorización de proyectos en ejecución y la fijación de un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras. Además, el MEF podrá redirigir los fondos ahorrados hacia la Reserva de Contingencia para atender imprevistos sin alterar el equilibrio fiscal.
La norma también establece que solo se financiarán proyectos con expediente técnico aprobado o contrato firmado, lo que permitirá evitar nuevos compromisos sin respaldo financiero y garantizar la continuidad de obras en curso. “Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica, condición indispensable para mantener el grado de inversión del país y las condiciones favorables de financiamiento”, enfatizó la titular del MEF.
Los Decretos de Urgencia, como el recientemente emitido, tienen fuerza de ley y se dictan ante situaciones que exigen respuestas rápidas en materia económica. Según la Constitución, deben ser comunicados al Congreso, que puede modificarlos, ratificarlos o derogarlos, garantizando así el equilibrio entre la acción ejecutiva y el control parlamentario.
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