Falta una semana para las elecciones municipales y regionales y no hay una fiscalización adecuada a los candidatos. El abogado Walter Díaz Pérez explicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Contraloría General de la República deberían supervisar las fuentes que utilizan los postulantes para sus campañas políticas.

No es un secreto que varios candidatos están haciendo gastos fuertes para alcanzar algún cargo público. Algunos utilizan los clásicos ‘banners’, entregar cajas de fósforos, entre otras acciones. Mientras tanto, otros postulantes -incluso- contrataron ‘drones’ para exhibir banderas con su símbolo político o han pagado artistas de renombre para participar en sus mítines.

El letrado mencionó que esto debería ser supervisado por las entidades correspondientes, tomando en cuenta que algunos postulantes podrían tener ingresos de actividades ilícitas. Además, recalcó -tomando en cuenta que varios han participado en la gestión saliente- que debe verificarse que los postulantes no utilizan fondos públicos para promocionar sus campañas a alcanzar los respectivos cargos públicos.

Asimismo, el letrado recalcó que -si bien, los postulantes deben presentar un informe con los gastos que han realizado en su campaña política- los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deben revisar continuamente que los candidatos acaten la normativa. Es decir, los colaboradores deben analizar los costos de lo que tienen sus respectivas actividades, debido al mayor gasto que desarrollan algunos postulantes.