El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 el estado de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario, debido a los problemas estructurales que persisten en las cárceles del país, como el hacinamiento, las deficiencias de infraestructura y las limitaciones en seguridad y servicios para los internos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 013-2026-JUS, publicado en la edición extraordinaria de las Normas Legales. Con esta decisión, el Ejecutivo busca mantener las acciones destinadas a fortalecer la capacidad operativa y mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios.

Durante el periodo de prórroga se ejecutarán medidas administrativas, operativas y de gestión para atender las principales deficiencias del sistema. El objetivo será mejorar la seguridad dentro de los penales, reducir los problemas derivados del hacinamiento y garantizar una mejor prestación de servicios a la población privada de libertad.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tendrá un plazo máximo de 45 días calendario para aprobar las acciones específicas que permitan reforzar la intervención frente a la emergencia.

La norma también contempla la participación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), creada como parte de la reforma del sistema de internamiento y reinserción social. Sus disposiciones se irán adecuando conforme avance la transferencia de funciones.

Con la prórroga, el Ejecutivo busca mantener una intervención sostenida frente a una crisis que continúa afectando la seguridad, infraestructura y capacidad de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.