Desde el 2018, el Perú invirtió tiempo y dinero para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que está conformado por 38 países, entre los cuales están los que tienen mayores niveles de desarrollo en el mundo. Sin embargo, los esfuerzos y avance hasta la fecha están en riesgo luego que desde el Gobierno de Dina Boluarte ocultaron el pedido para que no se apruebe la ley que debilitaba la colaboración eficaz.
El periodista Paolo Benza hizo pública la carta donde la OCDE, precisamente redactada por el Comité Anticorrupción, pide al Ejecutivo que debe asegurarse que dicho proyecto de ley (que ahora ya es norma) no sea aprobada. Eso fue el 13 de octubre del 2023 y fue remitido al entonces premier Alberto Otárola, pero él decidió ocultar el documento y no presionar al Parlamento.
Si bien el Congreso aprobó la ley y el Ejecutivo observó uno de los puntos, luego los parlamentarios decidieron promulgar la norma por “insistencia”, ignorando lo observado por el Gobierno. En consecuencia dicho proyecto ahora es una ley. Todo ello, pese a que entidades como la Fiscalía, Poder Judicial, Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también advirtieron que los cambios al proceso de colaboración eficaz afectarían la lucha contra la corrupción.
Lo que pedía la organización mundial era para comprobar si el país estaba dispuesto y era capaz de implementar los instrumentos legales anticorrupción de la ODCE, pero los gobernantes peruanos demostraron lo contrario.
Es menester precisar que en enero del 2022, la OCDE decidió invitar a Perú a iniciar el proceso de su adhesión a dicha organización.
Con el actuar del expremier y la insistencia de los parlamentarios de aprobar leyes a sus medidas, este proceso queda congelado y la adhesión tendrá que esperar varios años más.
Si entramos a la organización, mejoraría la imagen del Perú, aumentaría la inversión, se implementarían políticas públicas que beneficiarían a la ciudadanía en general.
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