El Equipo Especial Lava Jato consiguió su primera sentencia condenatoria por las coimas de Odebrecht en el denominado caso Bonos Soberanos, en el cual se favoreció a la empresa brasileña con la emisión de bonos soberanos por S/177 millones. Con ese dinero, el Gobierno Regional de Cusco canceló la deuda que mantenía con Odebrecht por la obra de la Vía de Evitamiento de dicha región.
En esa línea el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso ocho años de prisión efectiva contra Samuel Carlos Campusano Dulanto, quien fue el intermediario entre Odebrecht y el Ministerio de Economía y Finanzas.
A cambio de prometerle a Renato Ribeiro Bortoletti, directivo de Odebrecht y colaborador eficaz, interceder ante el MEF para la aceleración del trámite de emisión de bonos, la empresa simuló contratos por hasta S/750 mil.
Además, el tribunal ha condenado a Pedro Coveñas Aquino, exfuncionario del Ministerio de Economía (MEF), a seis años de prisión suspendida por el delito de cohecho. También a Gustavo Montesinos Atado, abogado involucrado en el caso, quien recibió una pena de dos años de prisión suspendida por encubrimiento real.
La decisión del tribunal se sustentó en correos electrónicos, documentos y registros de llamadas y encuentros entre los acusados, que demostraron la trama de corrupción.
El PJ realizará la lectura integral de la sentencia correspondiente el martes 9 de julio desde las 15:30 horas.
EL CASO DE SOBERANOS
Campusano Dulanto fue sindicado por la fiscalía de ser responsable de ofrecer a Renato Ribeiro Bortoletti, directivo de la empresa brasileña Odebrecht, intermediar ante el Ministerio de Economía para tramitar bonos soberanos por 177 millones de soles.
Esto se hizo para garantizar el pago de la deuda que el Gobierno Regional del Cusco tenía con la citada constructora por la vía de evitamiento de dicha ciudad.
Según el testimonio de Carlos Campusano Dulanto, hermano de Samuel, este entregó al funcionario del Ministerio de Economía Pedro Cobeñas Aquino más de 100 000 soles para que gestionara la emisión de esos bonos.
Para determinar la responsabilidad de Campusano, el tribunal se valió de los datos consignados en correos electrónicos, documentos, llamadas y pagos.
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