El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no definir oportunamente las reglas electorales que ahora impiden a Rafael López Aliaga asumir la Alcaldía de Lima.

El funcionario advirtió que la decisión sobre la denominada reelección encubierta genera incertidumbre jurídica y sostuvo que las condiciones de una contienda electoral deben establecerse antes de su desarrollo.

Durante una entrevista concedida a RPP, Álvarez criticó que el organismo electoral haya fijado su interpretación después de los comicios.

"En lo que no hay debate y todos los analistas estamos de acuerdo es de que las reglas electorales se expresan al inicio del proceso. Cuando se convoca el proceso ya no puede modificarse la legislación ni los reglamentos", manifestó.

REELECCIÓN. El viernes 6 de noviembre, el JNE estableció que los alcaldes en funciones que postularon como primeros regidores no podrán recibir credenciales para ejercer nuevamente la alcaldía durante el periodo 2027-2030.

El criterio busca impedir una reelección inmediata mediante mecanismos de sucesión y afecta a López Aliaga, líder de Renovación Popular. La medida también alcanza a autoridades de otras jurisdicciones del país.

Frente a este escenario, Álvarez responsabilizó al organismo electoral por no resolver anticipadamente las dudas sobre la sucesión municipal.

"Con estos elementos, el Jurado Nacional de Elecciones desde el inicio ha debido zanjar el tema. No lo hizo y ahora estamos en una situación que cómo se va a dirimir", expresó.

DENUNCIA PENAL. Mientras tanto, Renovación Popular rechazó la resolución y la defensa de López Aliaga anunció denuncias penales por presunto abuso de autoridad y prevaricato contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y el magistrado Rubén Torres.

El ministro también advirtió que acudir al Poder Judicial mediante una medida cautelar no solucionaría el conflicto electoral.

Explicó que una intervención judicial podría provocar un enfrentamiento de competencias, debido a que el JNE considera definitivas sus resoluciones emitidas en última instancia.

"Hacer lo contrario significaría abrir verdaderamente las compuertas del caos y del desorden", sostuvo.