La Procuraduría General del Estado (PGE) fue incluida como “actor civil” o “parte agraviada” en el proceso que se sigue contra al exfiscal de la nación Zoraida Ávalos, quien afronta una investigación preparatoria por suspender tres procesos contra el entonces presidente Pedro Castillo hasta el 2026.
De esta forma, la PGE podrá acceder a una eventual reparación civil (pidió S/ 200 000) por el daño ocasionado por la magistrada al cometer el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Esto por evitar que el exmandatario sea investigado por los casos ascensos militares, Puente Tarata y PetroPerú hasta que culminara su mandato.
INHABIILITADA. Todo dependerá si Ávalos Rivera es encontrada culpable del mencionado delito. Mientras tanto afronta una inhabilitación de 5 años. Esta fue determinada por el Congreso a raíz de una infracción constitucional ocasionada por el mismo delito.
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