Nuevamente la conocida ‘Ley Soto’ favoreció a un investigado para librarse de la cárcel. Se trata del expresidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, Carlos Manuel Sáenz Loayza, quien en diciembre del 2022 se convirtió en el primer magistrado en ser condenado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En ese entonces la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de seis años de cárcel efectiva, inhabilitación para ejercer un cargo público por 10 años y una reparación civil de S/100 mil por delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Dicha sala también ordenó la suspensión de la pena de prisión hasta que la sentencia sea confirmada por la Sala Penal Permanente. El investigado apeló y durante el proceso el Congreso aprobó la Ley 31751, que fija en un año el plazo máximo la suspensión de la prescripción de la acción penal.
Tras ello, la defensa de Sáenz se acogió a dicha norma para que se archive el delito de patrocinio ilegal. Con la ley Soto dicha acusación prescribe a los 4 años ya que los hechos que se le imputaron a Sáenz datan de octubre de 2017, por lo que prescribió en octubre de 2021.
El Poder Judicial determinó que prescribió y solo lo acusó del delito de tráfico de influencias; dictó una nueva sentencia de solo cuatro años de prisión porque “carece de antecedentes penales y no se aprecia la concurrencia de circunstancias agravantes”. A esto se suma, que fue suspendida la ejecución de la pena por 3 años y dictó reglas de conducta.
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