El Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los Ministerios del Interior y de Defensa, que cumpla con la entrega de los planes operativos elaborados para el control de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ocurridas a finales del año 2022 e inicios del 2023.
La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de las entidades antes referidas, en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el expremier Alberto Otárola, así como otros investigados.
