La bancada de diputados de Renovación Popular exigió la renuncia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, tras el violento ataque registrado en Trujillo que dejó cuatro personas asesinadas y terminó con el secuestro de un empresario. El grupo parlamentario cuestionó la falta de resultados frente al avance del crimen organizado.

A través de un comunicado, la bancada sostuvo que la situación evidencia la necesidad de cambiar la conducción de la institución policial. “Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción”, señaló, antes de exigir la salida de Arriola y acciones inmediatas para recuperar el orden.

El congresista Frank Krklec también responsabilizó a las autoridades por la situación de inseguridad y calificó el ataque como un acto terrorista. “El país no admite más tibiezas”, escribió en sus redes sociales, donde pidió a la presidenta Keiko Fujimori pronunciarse sobre la continuidad del jefe policial.

Mientras crecen los cuestionamientos, el Gobierno envió al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, a Trujillo para coordinar la respuesta frente al secuestro del empresario minero Jenns Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

Belaúnde sostuvo una reunión de emergencia con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, y autoridades de la Región Policial La Libertad para revisar las acciones de búsqueda e investigación.

Según las primeras pesquisas, delincuentes vestidos con uniformes similares a los del Grupo Grecco interceptaron el vehículo del empresario en la avenida Húsares de Junín, simulando un operativo policial. La inteligencia policial habría advertido desde hace tres meses sobre un posible secuestro en la zona, aunque no se habría identificado previamente a la víctima.

Las investigaciones apuntan preliminarmente a la organización criminal ‘Los pulpos’. El ministro de Defensa indicó que el secuestro habría sido coordinado desde un penal por un interno conocido como ‘John Pulpo’.

“Los penales siguen siendo una trinchera del delito y una coladera”, afirmó Belaúnde, quien planteó reforzar el control de los establecimientos penitenciarios para impedir el ingreso de celulares, chips y otros elementos utilizados para coordinar delitos desde las cárceles.

Como parte de la respuesta, el Gobierno anunció operativos de rastrillaje y cercos territoriales con participación de la Policía y el Ejército en los sectores donde se presume que podrían encontrarse los responsables o cómplices del secuestro.

El ministro también insistió en que las Fuerzas Armadas puedan emplear inteligencia militar y grupos de operaciones especiales contra organizaciones criminales consideradas hostiles al Estado.