El expresidente Martín Vizcarra enfrentó este viernes una audiencia clave ante la Sala Penal de Apelaciones, donde expuso sus argumentos contra la prisión preventiva de cinco meses que le fue impuesta el pasado 13 de agosto. Su defensa busca revertir la decisión alegando vulneración de derechos y falta de sustento jurídico en la resolución judicial.
Durante la sesión, Vizcarra solicitó más tiempo para explicar sus razones y rechazó el límite de cinco minutos fijado para su exposición. “Soy yo quien está sufriendo los efectos de esta decisión”, afirmó el exmandatario, pidiendo al menos diez minutos para sustentar por qué considera injusta la medida que lo mantiene en el penal Ancón II.
El exjefe de Estado recordó además que la investigación en su contra se conoció en octubre de 2020, cuando aún era presidente, lo que —según dijo— precipitó su vacancia. “No existen pruebas nuevas que justifiquen el cambio de comparecencia con restricciones a prisión preventiva”, agregó.
Vizcarra defendió su arraigo familiar y económico, detallando que convive con su esposa y sus dos hijos universitarios que dependen de él. “El acta de allanamiento de 2024 confirma que vivimos juntos”, aseguró, negando además haber incumplido citaciones judiciales o reglas de conducta.
LLAMADA. En la audiencia, su abogado Erwin Siccha justificó la llamada telefónica que Vizcarra realizó desde el penal Barbadillo antes de su traslado a Ancón II. Afirmó que no se trató de un acto político, sino de una denuncia contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
“Llamó no para hacer un acto proselitista, sino para denunciar una resolución irregular del INPE que recién fue notificada días después”, aclaró.
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