El exprocurador anticorrupción Alex Guerrero defendió la pertinencia de que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue a la presidenta peruana, Dina Boluarte, por las muertes en protestas contra su ascenso al cargo.
Consideró que la CPI tiene jurisdicción para investigar a cualquier persona, sin importar su cargo, y dijo que las pesquisas en marcha podrían tomar dos años y anotó que, cuando la indagación avance, Boluarte tendrá que acreditar a un abogado defensor.
La jefa de Estado fue denunciada ante la CPI por los familiares de medio centenar de víctimas de la represiòn de las protestas contra la detención y destitución por el Parlamento, en diciembre de 2022, del hasta entonces presidente Perdro Castillo, y contra la sucesión que recayó en Boluarte.
Guerrero contradijo así la opinión de la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, quien sotuvo que la CPI solo puede tomar un caso cuando los requirentes hayan agotado la jurisdicción nacional y consideren que no se les hizo justicia.
El exprocurador dijo también que la denuncia de los familiares de 50 muertos y más de 300 heridos ante la justicia externa se justifica porque han pasado dos años de los hechos sin que autoridad alguna haya sido sometida a un proceso.
Explicó que Boluarte no ha sido denunciada como autora directa de las muertes, sino por el delito de omisión, bajo el criterio de que, como jefa de Estado, tenía el poder de permitir o impedir las muertes, lo cual constituye delito de lesa humanidad, que es imorescriptible.
El tema ganó actualidad con la presentación de una ampliación de la denuncia ante la CPI, con nuevos elementos que incriminarían a Boluarte, según los autores, entre los que figuran peronalidades políticas, jurídicas y culturales.
Un comunicado de los firmantes plantea que la ampliación se debe a que “han surgido una serie de elementos nuevos relacionados con la conducta de las autoridades del Perú mientras se confirma, ante propios y extraños, que nadie purga condena por los abominables ilícitos penales que referimos”.
Precisa que “nadie ha sido llevado a juicio y nadie ha sido acusado ante el Poder Judicial”, lo cual obliga a los demandantes a actualizar la denuncia con estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
