Luego del allanamiento al Ministerio Público por una supuesta organización criminal enquistada en dicha entidad y liderada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides junto a sus asesores, ella se pronunció y descartó renunciar. Además anunció que presentó una denuncia constitucional al Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros exministros por homicidio calificado, esto por las muertes en las protestas contra el régimen de Boluarte.

"Me dirijo a ustedes para informarles que el Ministerio público ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley no encarga: luchar contra la impunidad y corrupción orquestada en las más altas esferas del poder. Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas", manifestó.

Además recalcó que desde la Fiscalía investigan a altos funcionarios e insinuó que ellos pretenden desastibilizar la entidad mencionada para dilatar y entorpecer las investigaciones.

"Como es sabido por todo, el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de casos de máxima relevancia en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia, las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento. Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando a algunos fiscales, pero no voy a retroceder tengo un compromiso firme con la labor que realizo como fiscal de la nación no permitiré que esa presión dañe e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables”, agregó.

Asimismo, informó que formuló una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Herrera y Vicente Romero por las muertes en las protestas antigubernamentales.

“No se debe permitir la muerte de ningún peruano y el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y la ley”, sentenció.