La fiscal de la nación, Delia Espinoza, rechazó la propuesta de suspensión preventiva en su contra por seis meses, planteada por la integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera. Según explicó, el pedido se sustenta en un proceso inmediato disciplinario que ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC).
“Está solicitando (…) que se apruebe por parte del pleno (…) mi suspensión por seis meses. Todavía no se me ha notificado formalmente, pero ya están circulando documentos que vamos a verificar una vez que se notifique”, declaró Espinoza en conferencia sobre las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada.
La magistrada sostuvo que este planteamiento vulnera el marco legal vigente. “El Tribunal Constitucional ha dejado establecido que el proceso inmediato disciplinario no tiene validez constitucional. Lo que la JNJ pretendía era que yo cometa una infracción constitucional, abandonando mi cargo para entregarlo a otra supuesta magistrada. Este no es un tema personal, sino institucional”, señaló.
INTERESES. El informe presentado por Cabrera indica que Espinoza habría hecho “caso omiso” a la resolución que ordenó la reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público, y que por ello estaría ejerciendo de manera “ilegal e inconstitucional” el cargo de fiscal de la Nación. Frente a ello, Espinoza presentó un escrito pidiendo que Cabrera y los actuales miembros titulares de la JNJ se inhiban del procedimiento, ya que también son parte demandada en un proceso de amparo iniciado por ella.
“En estas condiciones, resulta jurídicamente incompatible con el estándar de imparcialidad objetiva que la instructora María Teresa Cabrera Vega —y, eventualmente, los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia— asuman la dirección de un procedimiento disciplinario contra la suscrita, cuando simultáneamente se encuentran en calidad de demandados”, advirtió la fiscal de la Nación. Además, insistió en que existen carpetas fiscales abiertas contra algunos de los magistrados, lo que genera un claro conflicto de intereses.
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