La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso el inicio de diligencias por el pedido de declaratoria de ilegalidad al partido Fuerza Popular debido a una presunta conducta antidemocrática.
Espinoza delegó estas funciones al fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel Cruzado, quien se encargará de este procedimiento para definir si esta agrupación política, liderada por Keiko Fujimori, es declarada ilegal o no.
Esta solicitud fue presentada por la ciudadana Beatriz Cano, quien fundamenta su pedido señalando que Fuerza Popular tuvo conducta antidemocrática en tres situaciones específicas: los casos 'Cócteles', 'Mamanivideos' y las alegaciones no probadas de fraude en las elecciones presidencialeas del 2021 cuando Fujimori Higuchi perdió en segunda vuelta frente a Pedro Castillo.
Las diligencias que realizará el fiscal Dante Pimentel serán las de recabar un informe detallado sobre el estado actual ambas investigaciones en las que están involucrados tanto Keiko como su hermano Kenji Fujimori, también deberá recopilar las declaraciones públicas y los post en redes sociales que realizó la lideresa de Fuerza Popular argumentando fraude electoral en su contra.
REACCIONES. Por su parte, el congresista Fernando Rospigliosi calificó de "persecución política" la investigación de la Fiscalía sobre la presunta ilegalidad de Fuerza Popular, ya que considera que esta acción no tiene sustento legal y responde a intereses de sectores adversos a su partido.
"La Fiscalía está controlada por la mafia caviar y actúa de manera política. En lugar de dedicar recursos a combatir la delincuencia, persiguen a partidos políticos como Fuerza Popular con acusaciones descabelladas", declaró.