Después de las alertas sobre el cierre del Ministerio Público por falta de presupuesto, el coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, criticó el Decreto Legislativo N.º 1735, promulgado por José Jerí antes de su censura, lo calificó como “una verdadera ley procrimen” al considerar que debilita la lucha contra la extorsión y el sicariato en el país.
La norma pretende crear un subsistema especializado contra la extorsión y modifica la competencia de las fiscalías que investigan delitos de organización criminal, pero tras los anuncios de falta de financiamiento la iniciativa quedaría en el vacío.
Según explicó, el decreto dispone que los casos de organización criminal, banda y criminalidad sistemática sean asumidos por nuevas fiscalías que aún no existen.
“Las fiscalías no se van a crear. La norma es inejecutable. No se le puede estar mintiendo al país”, advirtió.
Para Chávez Cotrina, trasladar procesos complejos a estructuras sin presupuesto ni implementación generará un vacío legal que podría frenar investigaciones clave contra redes delictivas.
El fiscal alertó que la medida afectaría directamente a la Corte Nacional que procesa a grandes organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
“Imagínese usted, pretenden que todos los casos que tiene la Corte Nacional, por ejemplo, contra el Tren de Aragua o contra ‘el Monstruo’, pasen a ser juzgados por estas nuevas fiscalías. Eso es incoherente”, sostuvo.
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