La coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en delitos contra la mujer y miembros del grupo familiar, fiscal superior Jacqueline Pérez Castañeda, solicitó formalmente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, iniciar acciones para derogar la ley que permite procesar penalmente a menores de 16 y 17 años por la comisión de delitos graves.
A través de un oficio, Pérez Castañeda planteó cinco medidas urgentes en defensa del interés superior del niño y en cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el Perú en materia de derechos humanos.
La solicitud contempla cinco acciones clave. En primer lugar, convocar a una mesa de trabajo intra institucional para analizar el tratamiento jurídico de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
En segundo lugar, insta a todos los fiscales del país a ejercer control de convencionalidad cuando se detenga a menores por delitos graves. La tercera medida es la derogatoria inmediata de la ley que incorpora a los adolescentes como sujetos penalmente imputables.
El cuarto punto propone interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la norma vulnera la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado.
Finalmente, se solicita acelerar la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, pendiente desde hace años.
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