Poco o nada les importa a las autoridades y funcionarios de la gestión pública la justicia peruana. A los prófugos Vladimir Cerrón, Nicanor Boluarte, se sumó la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, a quien el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el caso conocido como Andrés Hurtado.
El abogado de la imputada, Benji Espinoza, refutó que su defendida no se entregará a la justicia porque considera que la medida es ‘arbitraria’.
“La doctora Peralta Santur va a ejercer su derecho a resistir una detención que considera arbitraria hasta que se agoten los mecanismos legales para poder cuestionar la misma”, manifestó el letrado.
Mismo recurso usó la defensa del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, quien aseguró que el investigado tiene el derecho a resistir la detención hasta que se resuelva la apelación. Lo que es cierto es que no se sabe la ubicación del imputado, así como de cinco procesados en el caso de Waykis en la sombra.
De igual manera pasó con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón quien decidió fugar antes que entregarse porque considera su sentencia como una decisión política.
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