La Fiscalía solicitó cadena perpetua para Víctor y Jorge Quispe Palomino, señalados como máximos dirigentes del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), por su presunta responsabilidad en hechos delictivos cometidos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La acusación fue presentada por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. El expediente reúne 74 casos y más de 2000 páginas, en las que se detallan 124 hechos atribuidos a la organización.

Entre los episodios incluidos figuran la emboscada a una patrulla del Ejército y la Marina en 2003, que dejó siete efectivos fallecidos; el ataque contra una base de la Dinoes en Ayacucho, en 2009, que causó cinco muertes, incluidos dos civiles; y el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem, en 2012.

La acusación también contempla el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional ese mismo año, en el que murió la mayor Nancy Flores Paucar.

La Fiscalía también solicitó cadena perpetua para Tarcela Loya, alias “Olga”; Teodoro Benites, conocido como “Dino”; y Eleachin Huamán, identificado como “Julio Pucañahui”, señalados como integrantes del Comité Central del MPCP.

Para Alexander Alarcón, alias “Renán”; Joel Chirote, conocido como “Roberto”; y Franklin Tello, alias “Lucio”, pidió penas de entre 25 y 30 años de prisión efectiva por presuntos delitos de terrorismo agravado. El requerimiento incluye S/ 38,5 millones de reparación civil a favor del Estado.

Según el expediente fiscal, los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso antes de formar su propia facción armada a comienzos de la década de 2000. La organización habría extendido sus actividades a Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

Otro apartado describe el presunto reclutamiento de menores, llamados “pioneritos”, quienes habrían sido retenidos en campamentos clandestinos, sometidos a adoctrinamiento y explotación, y en algunos casos incorporados como combatientes forzados.

Los cargos incluyen presunta participación en atentados y operaciones contra las Fuerzas Armadas, la Policía y la población civil. Las responsabilidades deberán determinarse en el proceso judicial.