El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento del proceso penal contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el caso Antalsis, investigación que también comprende al empresario Martín Belaunde Lossio y a otras 25 personas.

El requerimiento fue presentado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala.

El magistrado programó una audiencia virtual para el jueves 5 de noviembre, a las 15:00 horas con el fin de evaluar la solicitud y escuchar a las partes involucradas antes de resolver.

Mediante una resolución del 9 de octubre, el juzgado también dispuso comunicar el requerimiento a las partes procesales, que cuentan con diez días hábiles para presentar sus observaciones, formular oposición o solicitar diligencias adicionales, según corresponda.

El 10 de abril, el juez Cristóbal Ayala ya había dispuesto archivar la imputación por colusión agravada contra Cerrón, al declarar fundado un requerimiento fiscal sustentado en la causal de sospecha insuficiente.

Sin embargo, esa decisión no lo desvinculó de la pretensión civil relacionada con una eventual reparación por los daños y perjuicios atribuidos al caso. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó posteriormente que continuara vinculado a ese extremo.

Cerrón también afronta imputaciones por presunta asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio en el caso Antalsis.

Según la hipótesis fiscal inicial, habría integrado la presunta organización criminal vinculada a Martín Belaunde Lossio, que habría defraudado al Estado por más de S/26 millones mediante obras ejecutadas en Junín durante la gestión de Cerrón como presidente regional, entre 2011 y 2014.

Entre los proyectos investigados figuran los puentes Comuneros y Eternidad.

El pedido de sobreseimiento todavía debe ser evaluado por el Poder Judicial. Por ello, la solicitud fiscal no equivale a una decisión judicial definitiva sobre el conjunto del proceso.