A seis meses de las elecciones generales de 2026, la fiscal Milagros Salazar, del Equipo Especial Lava Jato, tiene lista una acusación formal por lavado de activos contra Renovación Popular. Según la investigación, el partido liderado por Rafael López Aliaga, considerada como sucesora jurídica de Solidaridad Nacional, habría recibido dinero ilícito de Odebrecht y OAS.
El expediente, revelado por "Hildebrandt en sus trece", se sostiene en testimonios, documentos y acuerdos de colaboración eficaz. La Fiscalía describe un esquema donde altos dirigentes de Solidaridad Nacional canalizaron fondos entregados en efectivo por ejecutivos de constructoras brasileñas.
Según la pesquisa, Martín Bustamante Castillo, operador de confianza de Luis Castañeda Lossio, recibió USD 200 000 de Odebrecht y otros USD 480 000 de OAS. Los montos eran entregados en sobres manila dentro de mochilas, sin pasar por el sistema bancario, y luego trasladados a la sede de Telefónica en la avenida Arequipa.
El dinero fue distribuido entre José Luna Gálvez, entonces secretario general y jefe de campaña, José Quispe Lévano y Jorge Zegarra Lévano. Parte de los fondos se blanquearon como “aportes de campaña”, contratos publicitarios inflados y hasta un vehículo a nombre de Bustamante pero usado por Castañeda.
En total, la Fiscalía sostiene que la campaña de 2014 de Castañeda Lossio recibió USD 980 000 en aportes ilícitos. Aunque los fondos provenían de Odebrecht y OAS, terminaron controlados por la estructura partidaria de Solidaridad Nacional, hoy transformada en Renovación Popular.
El Ministerio Público subraya que el cambio de nombre del partido en 2020 no lo exime de responsabilidad. Para la acusación, Renovación Popular es la sucesora jurídica de Solidaridad Nacional, y responde por los presuntos delitos cometidos durante la gestión de sus dirigentes.
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