La Fiscalía abrió una investigación por presunto favorecimiento policial en la recuperación de un terreno en Cieneguilla, ocurrido el 15 de octubre de 2024. El caso, que ahora se incorpora a una pesquisa mayor por presunta organización criminal, involucra al ministro de Justicia Juan José Santiváñez como uno de los principales investigados.
Según el Ministerio Público, un grupo de policías de la comisaría de Manchay y civiles, liderados por Percy Tenorio Gamonal, representante de la empresa Arenera S.A.C., ingresó al predio en litigio sin contar con orden judicial vigente. Testimonios aseguran que el operativo se ejecutó de manera irregular y en coordinación con la empresa privada.
La denunciante del caso advirtió al comisario de Manchay que la intervención carecía de respaldo legal. La Fiscalía sostiene que este episodio responde a un patrón ya identificado en la mina El Dorado, donde también se denunció la utilización ilegal de efectivos policiales para recuperar tierras en beneficio de privados.
Los reportes señalan que entre 40 y 50 agentes de la Región Policial de Lima habrían participado en el operativo, permaneciendo incluso hasta el día siguiente en la zona. Un testigo protegido, cuya versión forma parte de las diligencias, entregó detalles sobre la coordinación entre civiles y mandos policiales para concretar la incursión.
En esta trama, el nombre de Santiváñez vuelve a cobrar protagonismo. La Fiscalía lo señala como figura clave en una supuesta red criminal que se dedicaría a la recuperación irregular de predios con apoyo policial. Los documentos recabados también vinculan a Marco Palacios, exsocio del exministro, y al general Enrique Hugo Felipe Monrroy, de la Séptima Región Policial.
La hipótesis fiscal se refuerza con nuevas evidencias audiovisuales. En videos difundidos por la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N aparece Percy Tenorio, coronel en retiro y antiguo cliente de Santiváñez, dirigiendo a los efectivos policiales durante la intervención en Cieneguilla. Se le acusa además de haber puesto precio a desalojos en casos anteriores.
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