La conferencia de prensa encabezada por el fiscal de la nación interino Tomás Aladino Gálvez, abordó inicialmente la respuesta del Estado frente al atentado contra una fiscal especializada en violencia contra la mujer, pero derivó en una reflexión más amplia sobre la capacidad del Ministerio Público para enfrentar delitos como el sicariato y la extorsión, fenómenos que se han expandido con fuerza en diversas regiones del país.
Durante su intervención, Gálvez sostuvo que los ataques contra magistrados no son hechos aislados, sino parte de una dinámica criminal destinada a intimidar y frenar investigaciones sensibles. En ese marco, anunció que se evalúa la creación de una subespecialidad fiscal dedicada exclusivamente al combate del sicariato y la extorsión, con equipos capacitados, protocolos diferenciados y coordinación permanente con unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú.
El fiscal interino reveló además que actualmente más de 68 fiscales a nivel nacional cuentan con resguardo policial debido a amenazas vinculadas directamente con los casos que investigan. A su juicio, esta cifra evidencia la magnitud del problema y las limitaciones del modelo tradicional de persecución penal frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y violentas.
La conferencia contó con la presencia de autoridades del sistema de justicia y del Ejecutivo, entre ellas el ministro del Interior y el comandante general de la Policía. Desde el ámbito policial se informó que el resguardo de la fiscal afectada será reforzado y que un equipo especializado de inteligencia protegerá su entorno familiar y laboral, además de intensificar las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque.
Finalmente, las autoridades confirmaron que las denuncias ya fueron formalizadas y que existe coordinación permanente entre la Fiscalía y la Policía. En este contexto, la eventual creación de una subespecialidad contra el sicariato y la extorsión se perfila como una de las principales apuestas institucionales para enfrentar a un crimen organizado que desafía directamente la capacidad del Estado de garantizar seguridad y justicia.
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