La acusación contra Martín Vizcarra se basa en un conjunto de comunicaciones, reajustes contractuales y movimientos de fondos registrados entre 2013 y 2014, que —según el Ministerio Público— formaron un circuito de pagos clandestinos desde Obrainsa e ICCGSA para obtener ventajas en dos obras de Moquegua. La hipótesis se apoya en colaboradores eficaces, documentos institucionales y registros contables.
El Equipo Especial Lava Jato atribuye a Vizcarra la recepción de S/ 1 millón por Lomas de Ilo y S/ 1.3 millones por el Hospital de Moquegua, lo que motivó el pedido de 15 años de prisión y más de S/ 4.6 millones de reparación civil. La Fiscalía sostiene que los reajustes de obra, las reuniones formales y los retiros en caja chica encajan con patrones ya identificados en el denominado Club de la Construcción.
El caso Lomas de Ilo incluye llamadas entre Vizcarra y Elard Tejeda, así como ajustes solicitados por UNOPS, seguidos de retiros de S/ 400 000 y S/ 600 000 que —para la Fiscalía— estaban dirigidos al exgobernador. Testimonios y cruces telefónicos describen un flujo coordinado de fondos desde las áreas comerciales y administrativas de Obrainsa.
En el hospital de Moquegua, la Fiscalía apunta a reuniones en CADE con directivos de ICCGSA y a un reajuste exprés previo a la firma del contrato. Documentos internos y declaraciones de colaboradores describen pagos organizados a través de intermediarios y fondos extraordinarios destinados al “gobernador”, replicando esquemas atribuidos al Club de la Construcción.
La defensa final se presentará el 20 de noviembre, cuando Vizcarra dará su última declaración. Él niega todos los cargos y asegura que las versiones en su contra responden a intereses de colaboradores eficaces. El tribunal definirá a fin de mes si la evidencia configura un circuito ilícito de pagos por obras públicas en Moquegua.
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