El grupo parlamentario Fuerza Popular presentó un nuevo proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por muertes y lesiones acontecidas durante la represión de protestas sociales. La iniciativa, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, plantea modificar el artículo 20 del Código Penal y otorgar inmunidad a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el uso de la fuerza para resguardar bienes jurídicos del Estado, privados y la integridad ciudadana.
“Está exento de responsabilidad penal: […] 11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados, así como la vida e integridad física propia o de terceros, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte", propone el documento.
la propuesta de ley también introduce cambios al artículo 92 del Código Penal, que eliminarían la obligación de pago por reparación civil a quienes queden exentos bajo esta normativa.
“La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho que solo corresponde a la víctima del delito, que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento. No corresponde pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal conforme a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 20.”
Además, el proyecto establece jurisprudencia inmediata para hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2022 y 2023, en las que hubo decenas de víctimas fatales y heridos. “La presente Ley es aplicable a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que hayan sido denunciados, investigados, procesados o condenados penalmente por hechos derivados o vinculados a su intervención […] en el contexto de los actos de violencia registrados durante las marchas y protestas ocurridas en los años 2022 y 2023.”
En la exposición de motivos, el titular del Parlamento justifica la iniciativa señalando el contexto de violencia que marcó las protestas tras la destitución de Pedro Castillo Terrones y la asunción de Dina Boluarte Zegarra como presidenta. El documento menciona ataques contra infraestructura pública y privada, bloqueos de vías en diversas regiones y agresiones a agentes de seguridad. Según la Defensoría del Pueblo, estos hechos dejaron 48 civiles fallecidos y procesos penales contra más de 280 policías y 47 militares implicados.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la comunidad internacional alertan que este tipo de legislación podría profundizar la impunidad en crímenes cometidos durante el control de protestas. Advierten que medidas similares, como la reciente ley de amnistía elaborada también por Rospigliosi y promulgada bajo el mandato de Boluarte, ya provocaron el rechazo de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por contradecir los principios internacionales de justicia y rendición de cuentas.
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