Las Fuerzas Armadas (FF. AA.) podrán intervenir en el control externo de cinco establecimientos penitenciarios declarados en emergencia, como parte de las medidas del Gobierno para recuperar el orden en las cárceles y reforzar la seguridad. Su participación será temporal y excepcional, con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional del Perú.
La disposición fue oficializada mediante un decreto legislativo publicado este domingo 8 de noviembre en el diario oficial El Peruano. La medida comprende los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Castro Castro y Ancón I (Lima), así como Trujillo Varones (La Libertad).
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que esta norma representa el inicio de las acciones del Ejecutivo para enfrentar la inseguridad en los establecimientos penitenciarios.
«Sumamos a las Fuerzas Armadas a la tarea de recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior», manifestó.
FUNCIONES. De acuerdo con el decreto legislativo, el personal militar tendrá a su cargo labores de vigilancia y apoyo para evitar que las organizaciones criminales mantengan operaciones desde los establecimientos penitenciarios.
Entre las principales funciones establecidas figuran:
· Vigilar los perímetros de los establecimientos penitenciarios.
· Reforzar los controles para impedir el ingreso de armas y sustancias ilícitas.
· Neutralizar el uso de drones no autorizados que representen un riesgo para la seguridad.
· Brindar apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia para respaldar el bloqueo de comunicaciones clandestinas.
· Detectar antenas ilegales y prevenir posibles fugas o ataques desde el exterior.
La medida se aplica en un contexto de sobrepoblación en las cárceles del país. Hasta agosto de 2026, el sistema penitenciario registraba aproximadamente 107 000 internos, pese a que su capacidad total es de alrededor de 42 000 personas.
Esta diferencia evidencia la presión que enfrenta la infraestructura penitenciaria y los desafíos que afrontan las autoridades para mantener el control y la seguridad dentro de los establecimientos.
