El Gobierno de José María Balcázar oficializó la creación de un grupo de trabajo que tendrá hasta 330 días para elaborar un plan de gasto en seguridad ciudadana, en medio del incremento de la delincuencia en Lima y regiones. La medida, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, apunta a diseñar un Programa Presupuestal orientado a resultados, aunque no contempla acciones inmediatas. 

En ese contexto, especialistas advierten que “el problema no solo pasa por diseñar estrategias, sino por contar con recursos para ejecutarlas”.

El plazo de casi un año genera cuestionamientos debido a la actual ola de violencia, especialmente contra transportistas. En los últimos días, un ataque a la empresa “Los rojitos” dejó víctimas mortales en San Juan de Miraflores, mientras continúan las extorsiones y amenazas. “La situación exige respuestas urgentes”, coinciden voces del sector, en medio de protestas y operativos policiales que aún no logran contener la inseguridad.

Según la norma, el equipo estará integrado por entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Su función será identificar qué medidas funcionan para reducir delitos y cómo financiarlas. 

“Se trabajará en base a evidencia y criterios técnicos”, detalla el documento, que prevé la entrega de un informe final al MEF.

Sin embargo, la disposición establece que no habrá presupuesto adicional ni pagos extra para los integrantes, lo que abre dudas sobre su impacto real. Mientras tanto, medidas como la instalación de cámaras en buses siguen retrasadas. Aunque la seguridad ciudadana fue declarada prioridad en la Ley de Presupuesto 2026, el plan aún no llega a las calles y la respuesta del Estado continúa bajo cuestionamiento.