El gobierno de Dina Boluarte rechazó la solicitud del expresidente Pedro Castillo para que paguen su defensa y asesoría legal en el proceso que le sigue por presunta negociación incompatible.
Mediante una resolución emitida el 23 de agosto, se declaró improcedente la petición del exmandatario chotano, argumentando que los hechos investigados no están relacionados con las funciones que desempeñó como jefe de Estado.
La resolución, que fue notificada a Castillo Terrones un día después de su emisión, se sustenta en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.
Según el documento, los cargos que enfrenta Castillo no forman parte del ejercicio regular de su función, lo que invalida su derecho a recibir apoyo legal del Estado.
La resolución también ordenó la publicación del fallo en el portal institucional, asegurando la transparencia del proceso y la decisión tomada por el gobierno de Boluarte.
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