La Cancillería y el Ministerio de Justicia emitieron un comunicado conjunto respecto a la publicación en redes sociales de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero. Estas declaraciones hacen referencia que se incumplieron las recomendaciones contenidas en el informe tras su visita al territorio nacional, que tuvo lugar del 8 al 17 de mayo de 2023 por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Al respecto, el Gobierno peruano expresa su rechazo y desacuerdo con los contenidos señalados en dicha publicación, ya que no reflejan los avances informados en las reuniones sostenidas y documentos remitidos oportunamente a dicha Relatoría (para mayor detalle sobre el particular se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session56/list-reports).
Cabe destacar que el Gobierno peruano proporcionó una amplia cooperación antes y durante la visita, facilitando a la Relatoría las condiciones necesarias para realizar reuniones y entrevistas con autoridades al más alto nivel a nivel nacional, así como con autoridades regionales y locales de Cusco, Puno y Ayacucho.
Con relación a las recomendaciones formuladas, en cuanto a la promoción del diálogo social, cabe referir que la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra implementando los "Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales en asuntos de gestión social y diálogo".
Así como los “Lineamientos para la Promoción de la Participación Significativa de Mujeres en los Procesos de Diálogo para la Atención de Conflictos Sociales”. Además, se ha conformado un equipo de trabajo para diseñar y formular una propuesta de Política Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales.
En cuanto a la recomendación relacionada sobre abordar las causas de las protestas, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra en desarrollo la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos. Esta iniciativa busca coordinar y articular las acciones de diversas entidades del Estado para reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos y la discriminación estructural.
En relación con la solicitud de disculpas públicas, es importante destacar que dicho pedido no se enmarca en las recomendaciones formuladas por el informe de la Relatoría, no obstante, cabe precisar que, en el mensaje a la Nación de 28 de julio de 2023, ante el Congreso de la República, se pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de todos los fallecidos, civiles, policías y militares.
Además, cabe indicar que el Gobierno peruano viene implementando con la Misión Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país el Memorándum de Entendimiento sobre un Plan de Trabajo con el objeto de brindar asistencia técnica a entidades del Estado.
Asimismo, se viene ejecutando el proyecto de Fortalecimiento institucional descentralizado para la prevención y gestión de la conflictividad política y social, así como para la protección de los derechos humanos en el Perú, del Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de las Naciones Unidas.
Es pertinente recordar conforme lo expresado por la Misión Permanente de Perú en Ginebra, en el marco del diálogo interactivo realizado en el 56 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (del 18 de junio al 12 de julio de 2024), que el informe de la Relatoría ha incluido aseveraciones fuera de contexto y alejadas de la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Finalmente, el Gobierno peruano reitera su firme compromiso de continuar promoviendo un diálogo sostenido con la población a fin de garantizar sus derechos humanos, así como su voluntad de mantener una estrecha cooperación con los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.
Romero no solo mostró su preocupación al no adoptarse recomendaciones para que las movilizaciones se lleven de manera pacífica, sino también precisó que en su presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra pidió que el Estado peruano pida “disculpas públicas”.
En este informe se hace expresa la preocupación por “el uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas del orden en las manifestaciones. Así como también, las restricciones a los ciudadanos en su derecho de “reunión pacífica y de asociación”.
Ante ello, sostuvieron que la presidenta Dina Boluarte ya pidió “disculpas” en su primer mensaje a la Nación en el 2023, a pesar de que eso no se subraya en el informe. No obstante, en muchas ocasiones que la mandataria tuvo que acudir a declarar, prefirió guardar silencio ante la Fiscalía de la Nación.
“En relación con la solicitud de disculpas públicas, es importante destacar que dicho pedido no se enmarca en las recomendaciones formuladas por el informe de la Relatoría, no obstante, cabe precisar que, en el mensaje a la Nación de 28 de julio de 2023, ante el Congreso de la República, se pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de todos los fallecidos, civiles, policías y militares”, mencionaron.
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