Prestar una cuenta bancaria o una billetera digital para recibir dinero de extorsiones podrá generar sanciones penales. Esta es una de las medidas establecidas por el Gobierno mediante el Decreto Legislativo N.° 1744, que modifica el Código Penal para combatir el financiamiento de las organizaciones criminales.

La disposición forma parte de dos decretos legislativos oficializados por el Ejecutivo y publicados en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. El segundo, identificado como Decreto Legislativo N.° 1743, modifica las reglas de legítima defensa para proteger a quienes actúen frente a una agresión delictiva.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que ambas normas buscan enfrentar la inseguridad desde dos frentes: impedir que las organizaciones criminales movilicen dinero ilícito y evitar que las víctimas sean tratadas como delincuentes por defenderse.

«Quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario», manifestó.

MÁS SANCIONES. El Decreto Legislativo N.° 1744 incorpora modificaciones para castigar a quienes faciliten sus productos financieros con el propósito de canalizar dinero proveniente de extorsiones.

También incrementa las penas para delitos violentos como el sicariato, el robo agravado y el secuestro.

La norma incluye otras disposiciones relacionadas con el mercado ilegal de armas. Sanciona a quienes eliminen o alteren sus números de serie y a quienes denuncien falsamente su robo o pérdida para encubrir su circulación.

Asimismo, modifica la Ley de Delitos Informáticos para penalizar el acceso ilícito a plataformas digitales y establece prisión efectiva para extranjeros expulsados que reingresen irregularmente al país.

Por otro lado, el Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el Código Penal para establecer que se presume que una persona actúa racionalmente cuando ejerce su derecho a defenderse de una agresión.

Con este cambio, corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario. Además, se elimina el criterio de proporcionalidad de los medios empleados para defenderse.

La disposición también establece que los fiscales deberán emitir el archivo definitivo cuando se compruebe que existió legítima defensa. En caso los jueces decidan descartarla, tendrán que justificarlo mediante una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

Con ambas disposiciones, el Ejecutivo busca dificultar el uso de cuentas financieras para actividades criminales y establecer mayores garantías legales para las personas que se defiendan de una agresión.