El gobierno peruano, mediante Decreto Supremo, oficializó el cierre del Proyecto Especial Legado, entidad encargada de la gestión de las infraestructuras deportivas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
Esta decisión, que transfiere sus recursos, bienes y funciones al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la PCM, se justifica por el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la supuesta duplicidad de funciones con el IPD.
Sin embargo, la medida generó gran controversia debido al historial de irregularidades e ineficiencia del IPD, evidenciado por informes de la Contraloría que revelan subejecución presupuestaria e irregularidades en pagos.
La proximidad de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el considerable presupuesto asignado (369 millones de dólares) amplifican las preocupaciones sobre la capacidad del IPD para asumir esta responsabilidad.
