El Gobierno peruano oficializó el reglamento del procedimiento específico, que permite otorgar recompensas monetarias a todo aquel ciudadano que ayude con la localización y captura de aquellos delincuentes que incurran en delitos de sicariato y/o extorsión.
La norma, promovida mediante el Decreto Supremo 097-2025-PCM y publicada en el diario oficial El Peruano, detalló el procedimiento para que las personas que otorguen información sobre los criminales puedan recibir el pago correspondiente.
Se establecieron las siguientes etapas para ello. Primeramente la recepción de la información, verificación y operativización, formulación del expediente de recompensa, evaluación del expediente de recompensa y finalmente el pago del beneficio cuando corresponda.
La Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad es la encargada de evaluar los expedientes de recompensa y decidir si se otorga o no el beneficio. Para adoptar esta decisión, la comisión debe contar con el cuórum de tres miembros, y la decisión requiere de tres votos de los miembros presentes.
Las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitan la medida de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión, y remiten a la UIF-Perú la denuncia con los datos de identificación del denunciante y los documentos de corroboración obtenidos previamente a través de la investigación policial.
La comisión evaluadora debe evaluar los expedientes de recompensa y decidir si se otorga o no el beneficio de recompensa. Los acuerdos aprobados deben constar en las actas correspondientes, debidamente motivadas e indicando los montos de recompensas a otorgarse.
El objetivo del reglamento es incentivar la participación ciudadana en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Se busca que los ciudadanos colaboren con la justicia y proporcionen información que permita capturar a los delincuentes y desmantelar las organizaciones criminales.
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