Mediante un comunicado, el Ejecutivo calificó como “inaceptable” la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el 3 de septiembre de 2025, sobre la supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Es decir, el tribunal teme que la Ley de Amnistía que se discute en el Perú pueda dejar impunes esos crímenes y por eso decidió intervenir.
El Gobierno erecordó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante y complementario, por lo que no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna.
“Los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas, generándose una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana. El Perú es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, demostró un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se lee.
Al final, el documento señala que se evaluará la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto significa la posibilidad de salirse de la Corte IDH, pero si esto se realiza, las víctimas de violaciones de derechos humanos ya no podrían acudir a la CIDH en busca de justicia internacional.
EVALUACIÓN. Se planteó “promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”. Especialistas indican que el comunicado refleja una tensión entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales en derechos humanos.
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