El Gobierno de José Jerí ratificó a Henry García Malpartida como director de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), pese a la polémica generada por las requisas a las celdas de expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo. La decisión se formalizó mediante resolución presidencial del organismo penitenciario.
La ratificación se oficializó el 11 de febrero, pocos días después de los operativos realizados el 8 y 9 de febrero en las celdas de Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. El documento del INPE señala que la medida contó con la opinión favorable del área de recursos humanos y la firma de la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario.
La decisión generó cuestionamientos porque los tres exmandatarios denunciaron la presunta filtración de fotografías tomadas durante las intervenciones. Según sus defensas, la difusión de imágenes de pertenencias y condiciones de reclusión vulneró derechos fundamentales. Castillo sostuvo que se afectaron “derechos constitucionales a la intimidad y protección de datos personales”, mientras que Vizcarra denunció un presunto abuso de autoridad por realizar dos requisas en menos de 24 horas sin hallar irregularidades.
En paralelo, informes del propio sistema penitenciario indicaron que en la revisión de la celda de Ollanta Humala no se encontró ningún objeto ilícito. El operativo incluyó inspección de puertas, barrotes y candados, además de la participación de personal de seguridad que ejecutó la intervención como parte de un control ordinario.
El caso se desarrolla en un contexto de intensificación de operativos en cárceles impulsados por el Ejecutivo para reforzar el control penitenciario y combatir actividades delictivas desde prisión. En los últimos meses, el Gobierno ha liderado requisas masivas y operativos especiales para incautar celulares y frenar redes criminales dentro de los penales, como parte de su estrategia de seguridad.
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