El presidente de transición, José Jerí, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), encabezaron la supervisión del traslado de reclusos de alta peligrosidad al penal Ancón I. Los internos, vestidos con uniforme blanco y bajo estrictas medidas de seguridad, cumplen condenas por delitos como sicariato, extorsión y secuestro, con penas que van desde los 18 hasta más de 30 años de prisión.
Según el Ministerio de Justicia, el operativo tiene como objetivo reubicar a los internos en una zona especialmente acondicionada para albergar hasta 168 personas bajo un nuevo régimen carcelario. Este modelo busca fortalecer el control estatal sobre los cabecillas del crimen organizado y reducir el poder que ejercen desde las cárceles.
Durante la supervisión, destacó el uso de uniformes blancos, un detalle que generó comparaciones con el sistema penitenciario implementado en El Salvador. El ministro de Justicia rechazó esa relación y precisó que la medida “responde a una estrategia para reforzar la autoridad del Estado frente al crimen organizado”, descartando que sea una réplica del modelo de Nayib Bukele.
En esta primera fase, más de 15 reclusos fueron trasladados desde el penal Castro Castro y de otras áreas internas del propio Ancón I. Además de las nuevas condiciones de reclusión, los internos fueron sometidos a cortes de cabello como parte de los lineamientos de disciplina. El presidente José Jerí recorrió las instalaciones del penal, pero evitó brindar declaraciones a la prensa.
Consultado sobre el caso del congresista Guillermo Bermejo, condenado a 15 años de prisión por filiación terrorista, el ministro de Justicia indicó que aún no se ha definido el penal donde será recluido. Añadió que su curul solo podría ser retirada “una vez que la sentencia quede consentida”. Mientras tanto, Bermejo permanece bajo evaluación del sistema penitenciario, a la espera de que se determine su situación legal definitiva.
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