El futuro judicial del expresidente Pedro Castillo, de la expremier Betssy Chávez —asilada en la embajada de México en Lima— y de otros exaltos funcionarios quedó nuevamente en suspenso luego de que el Poder Judicial admitiera a trámite los recursos de apelación presentados por sus defensas. Los sentenciados buscan la nulidad de las condenas que los responsabilizan penalmente por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Mediante resolución del 29 de diciembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema concedió el derecho de apelar la condena de 11 años, 5 meses y 15 días impuesta a Castillo por conspiración para rebelión. Su defensa alegó que la conducta imputada no reúne los elementos del tipo penal y que no existen pruebas suficientes de una conspiración; además, solicitó de forma alternativa la nulidad del juicio oral por presuntos vicios insubsanables y violaciones al debido proceso.
En el mismo sentido, Betssy Chávez sostuvo que la sentencia vulnera la motivación de las resoluciones judiciales, la presunción de inocencia y los principios de legalidad y lesividad. Por su parte, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor presidencial Aníbal Torres cuestionaron la solidez probatoria y denunciaron afectaciones al debido proceso.
El expediente también incluye la apelación del Ministerio Público. La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó anular la absolución del jefe policial Manuel Lozada y pidió que se le condene a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de inhabilitación, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlo como presunto coautor del delito de conspiración para rebelión.
Con la admisión a trámite, la Sala Penal Especial ordenó remitir los expedientes a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que evaluará primero si los recursos fueron bien concedidos. De superarse esa etapa, se convocará a una audiencia virtual para escuchar a las partes. La resolución que adopte esa instancia definirá si las condenas se mantienen o se anulan, reabriendo un capítulo decisivo del quiebre político más grave de los últimos años.