El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, rechazó la acusación presentada por el Ministerio Público que solicita una condena de 9 años y 4 meses de prisión por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.

A través de un pronunciamiento oficial difundido en sus redes sociales, sostuvo que el requerimiento fiscal no cuenta con el sustento jurídico necesario y reiteró que es inocente de los cargos que se le atribuyen.

El pronunciamiento se produjo luego de que se hiciera pública la acusación fiscal formulada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

Según la tesis del Ministerio Público, los hechos investigados se remontan al año 2021, cuando Colchado habría consignado información presuntamente falsa en un poder especial otorgado ante una notaría, al declarar que ejercía una actividad independiente pese a que, de acuerdo con la investigación, aún era coronel en actividad de la Policía Nacional del Perú.

En su comunicado, el legislador cuestionó el contenido de la acusación y aseguró que el expediente fiscal presenta "insuficientes elementos de convicción".

"Tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan (…) la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial", afirmó.

También invocó el respeto al debido proceso y recordó que mantiene intacta su presunción de inocencia mientras el caso continúa en investigación.

Colchado también advirtió que la difusión pública de la acusación coincide con su reciente incorporación a la Comisión de Ética del Congreso.

En ese sentido, señaló que "no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política", al considerar que el momento en que se conoció el requerimiento fiscal resulta llamativo.

Asimismo, remarcó que continuará enfrentando la corrupción "con la misma firmeza, honestidad e independencia" que, según dijo, ha caracterizado su trayectoria.

ACUSACIÓN. El Ministerio Público solicita una pena total de 9 años y 4 meses de prisión por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, además de otras sanciones contempladas en el requerimiento acusatorio.

El caso pasará ahora a la etapa correspondiente en el Poder Judicial, donde se determinará si la acusación fiscal avanza a juicio y se evaluarán las pruebas presentadas por ambas partes, respetando el debido proceso.