El congresista Héctor Valer acusó al presidente José Jerí de formar parte de una presunta organización criminal y exhortó a la Fiscalía a abrir una investigación penal en su contra. Durante una entrevista en Canal N, el legislador calificó de “reprochable” la conducta del mandatario y sostuvo que existen indicios suficientes para que el Ministerio Público actúe de oficio tras la reunión no registrada que Jerí sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang.
Según Valer, el encuentro se realizó en un restaurante del distrito de San Borja sin figurar en la agenda oficial y con el uso de un vehículo estatal conocido como “el Cofre”. Además, señaló que el presidente habría llegado con vestimenta camuflada, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una investigación fiscal. El parlamentario insistió en que Jerí debe rendir declaraciones ante la Fiscalía y no limitarse a explicaciones políticas o mediáticas.
El legislador también cuestionó los vínculos del empresario Zhihua Yang con compañías del sector energético, entre ellas Hidroeléctrica América SAC, que cuenta con una concesión en Apurímac. Añadió que otras empresas relacionadas con este empresario contrataron servicios del hermano de la expresidenta Dina Boluarte en años anteriores, lo que incrementa las sospechas en torno a la reunión sostenida por el jefe de Estado.
Valer afirmó además que José Jerí integra lo que denominó un “grupo petrolero y energético” junto a otros congresistas, a quienes atribuyó interés en empresas como Petroperú y Distriluz. Según su versión, esta red habría promovido nombramientos estratégicos en el Ministerio de Energía y Minas y en empresas eléctricas estatales, consolidando una estructura de influencia política y empresarial.
Finalmente, el congresista sostuvo que la investigación no debe quedar solo en el ámbito político ni en la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde —según advirtió— podría existir un intento de blindaje. Anunció que presentará los elementos expuestos ante el Ministerio Público y reiteró que el país requiere una investigación fiscal independiente para esclarecer la reunión no oficial y determinar eventuales responsabilidades penales del presidente.
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