Al parecer, para algunos congresistas izquierdistas el “derecho a la verdad” y el “rechazo a la impunidad” solo vale cuando se cuestionan amnistías a peruanos que lucharon contra el terrorismo. Su doble discurso quedó al descubierto con la presentación de nueve proyectos de ley que pretenden exculpar a condenados por protestas con víctimas mortales, secuestros y heridos.
Entre las iniciativas figuran los proyectos de ley 12359, 09130, 9032 y 8742, presentadas entre 2024 y 2025, que piden liberar a sentenciados de casos como Conga (2010), Las Bambas (2011-2015) y disputas por terrenos reclamados como “milenarios”. Los impulsores más activos son Pasión Dávila y Víctor Cutipa, seguidos por Margot Palacios, Lizbeth Robles, Jaime Quito, Alfredo Pariona y Roberto Sánchez, este último aliado de Antauro Humala y exministro de Pedro Castillo.
Guido Bellido también aparece con el proyecto 5468, presentado el 23 de junio de 2023. Su iniciativa no menciona delitos, pero plantea beneficiar “a quienes participaron en la redacción y/o lectura del documento que contiene el mensaje a la nación del 07 de diciembre del 2022”, es decir, a quienes avalaron el golpe de Estado de Castillo.
Otros proyectos con la misma finalidad son los proyectos de ley 1336, 1310, 0726 y 588, todos registrados entre 2021 y 2022. En conjunto, configuran un paquete legislativo que, lejos de sancionar la violencia, buscarían impunidad a quienes participaron en disturbios, homicidios y secuestros en nombre de protestas sociales.
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