El 15 de febrero de 2019, se firmó el acta de acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato y la empresa Odebrecht. Después de cinco años ese documento de más de mil páginas se hizo público tras pedido del periodista Phillip Butters. En el acuerdo se revela las negociaciones entre constructora y autoridades peruanas. Sin embargo, actualmente todo parece indicar que el principal beneficiado de estas ‘negociaciones’ será la compañía brasilera. Ante esto, el fiscal José Domingo Pérez aseveró que no es responsabilidad del Ministerio Público.
El principal beneficio que obtuvieron los directivos de Odebrecht fue su libertad. El representante de la empresa brasilera en Perú, Jorge Barata, decidió irse a Brasil y no declarar en juicios importantes como el de Ollanta Humala. Ante ello, la Fiscalía decidió revocar el trato y pidió 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, esta medida no se cumplirá hasta que extraditen al investigado que fácilmente puede entrar en la clandestinidad.
Otro acto provechoso que obtuvo la empresa fue que en la negociación de la colaboración no se exigió a Odebrecht desistirse de los arbitrajes en curso, tampoco prohibir que inicien nuevos. Precisamente en el 2020, la compañía demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En su pedido exigen más de $1200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Este proceso sigue en curso y si Perú pierde tendrá que pagar el monto solicitado, además de todo el proceso arbitral.
La negociación fiscal llegó a un acuerdo en el pago de la reparación civil de Odebrecht al Estado peruano, empero esta cifra es de apenas $610 millones, casi la mitad de lo que exige la empresa en el proceso de arbitraje. Cabe recalcar que tienen plazo para pagar hasta el 2034.
RESPUESTAS. En entrevista a Pasión por el derecho-LP, el fiscal José Domingo Pérez aseguró que no es su responsabilidad los arbitrajes.
“Mira, eso no está previsto en la norma. Sé que ha habido iniciativas que ha tenido la Procuraduría de llegar a algunos entendimientos con la empresa y con las diversas empresas que se han sometido a procesos de colaboración eficaz, pero nuevamente eso ya escapa a la competencia de la fiscalía (...) una vez de que se llega al consenso del ámbito penal, se pasa luego a la negociación desde el punto de vista patrimonial entre la Procuraduría y el solicitante al proceso de colaboración eficaz, ahí no hay ningún margen para poder entender otra cuestión y por lo tanto, cada uno de los actores que ha participado ha cumplido su rol”, indicó al medio.
Asimismo, reclamó que quieran atribuir toda la responsabilidad a la Fiscalía, cuando a ellos no les compete el ámbito contractual y reitera que solo les corresponde el lado penal.
“Se nos quiere atribuir toda la responsabilidad de otros actores de la administración pública. Cada quien es responsable de la función y la labor que le establece la ley. Y las consecuencias de un contrato entre el Estado y con un privado, mientras se mantengan en el ámbito contractual, es competencia de esos funcionarios”, explicó.
Por otro lado, resaltó que el resultado del proceso de colaboración eficaz es la sentencia al expresidente Alejandro Toledo y que otros exmandatarios como Humala, seguirán el mismo rumbo.
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