La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió el 9 de septiembre una notificación roja contra el exgobernador regional de Junín y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. Con esta medida internacional, se solicita a 194 países su ubicación y captura para que enfrente los procesos judiciales pendientes en territorio peruano.
La defensa del dirigente, encabezada por el abogado Humberto Abanto, cuestionó la decisión al calificarla de “arbitraria”. El letrado alegó que su patrocinado venía cumpliendo con las restricciones de comparecencia antes de recibir lo que considera “dos condenas injustas”. Recordó además que tanto la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional habrían identificado irregularidades en dichos procesos.
Abanto insistió en que Cerrón es víctima de persecución política y de una privación de libertad sin sustento. Al ser consultado por el paradero de su cliente, evitó dar detalles y afirmó que solo mantiene contacto con él a través de su familia, alimentando las especulaciones sobre su situación actual.
Por su parte, el propio Vladimir Cerrón rompió el silencio en redes sociales y lanzó un mensaje desafiante contra el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), general Óscar Arriola.La respuesta de Arriola no se hizo esperar. El oficial descartó las acusaciones y afirmó que no responderá a declaraciones de “cobardes” que rehúyen a la justicia. Explicó, además, que en un primer momento Interpol había denegado la notificación roja al considerar el caso como una cuestión política. Sin embargo, tras las nuevas sustentaciones, se determinó que Cerrón debe responder como procesado por delitos comunes y no como perseguido político.
“El general Arriola no puede capturarme en el Perú y quiere que otros le hagan su trabajo al anunciar que informó a 194 países acerca de mi situación. Qué vergüenza”, escribió el exgobernador.
La respuesta de Arriola no se hizo esperar. El oficial descartó las acusaciones y afirmó que no responderá a declaraciones de “cobardes” que rehúyen a la justicia. Explicó, además, que en un primer momento Interpol había denegado la notificación roja al considerar el caso como una cuestión política. Sin embargo, tras las nuevas sustentaciones, se determinó que Cerrón debe responder como procesado por delitos comunes y no como perseguido político.
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