Según la última actualización del portal de Transparencia de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) se confirmó que en julio del 2024 la cartera de Gustavo Adrianzén Olaya invirtió cerca de S/58 mil en la contratación de profesionales expertos en lidiar conflictos sociales y desarrollar mesas de diálogo. Para ello se ejecutaron tres onerosas órdenes de servicio (n.° 1010, n.° 1038 y n.° 1031).
Como se recuerda, desde mayo del presente año, diversos colectivos de lucha y frentes de defensa en todo el Perú, anunciaban multitudinarias protestas en Lima contra el actual gobierno de Dina Boluarte Zegarra. Situación que llevó al Estado a contrarrestar estos anuncios civiles y populares.
Entre los beneficiados resaltan Deysy Mejía Díaz quien fue encargada de emitir tres informes de reportes de alertas diarias sobre conflictividad social por un pago de S/11 700. A esta se suma Henry Taype Inca quien deberá presentar la misma cantidad de legajos documentarios sobre el diagnóstico situacional de los espacios de diálogo, por esta labor recibirá S/21 mil.
DE ENEMIGO A AMIGO. También se contrató como locadora de servicios a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) el 12 de julio del 2024 para que brinde la labor de “Servicio especializado en gestión y resolución de conflictos sociales” con un pago de S/26 mil.
Lo curioso sería que el vicerrector de esta casa de estudios, Joseph Dager, un mes antes declaraba a medios nacionales su oposición al actual Ejecutivo y su débil relación con el Congreso. Es decir, Adrianzén contrató indirectamente a analistas que atacaban a la gestión.
“La situación actual se compara con los noventa, cuando el Estado fue cooptado por mafiosos”, declaró en junio del 2024.
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