Luego de la remoción de Daniel Soria como procurador general del Estado, el gobierno de Dina Boluarte designó como reemplazo interino a Javier Pacheco, quien solo está desmantelando la entidad.
La última movida de Pacheco fue desactivar la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado que fue creada en enero del 2023 por Soria. La decisión se tomó para elaborar proyectos de denuncias penales contra los altos funcionarios a solicitud del procurador.
Dicha unidad seguía casos contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y el premier Alberto Otárola por las muertes durante las protestas.
La justificación de Pacheco fue que desactivó la unidad para optimizar los recursos y esfuerzos en la defensa jurídica de los intereses del Estado.
Con esta decisión, solo Pacheco tendrá la responsabilidad de formular denuncias o impugnar resoluciones en procesos relacionados con altos funcionarios.
Entre los procesos que seguía la unidad estaban a la mandataria acusada de genocidio por los más de 60 fallecidos en manifestaciones contra su régimen. Mientras que Otárola tenía dos casos, el de las muertes y por el tema de Aionia, donde el exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, expresidente de Essalud, Arturo Orellana y premier habrían pagado irregularmente más de 21 millones de soles a Aionia.
Pacheco en menos de una semana no solo desactivó la unidad mencionada, también solicitó a 8 funcionarios renunciar. Además fue acusado de beneficiar a su pareja con órdenes de servicio por 20 mil soles.
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