El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se refirió una vez más a las iniciativas legislativas que plantean que las autoridades electorales puedan ser sometidas a juicio y antejuicio político, así como el riesgo que representaría su aprobación.
Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió este año, en el caso Aguinaga Aillón (autoridad electoral destituida por mecanismos no previstos en la Constitución) contra Ecuador, que el enjuiciamiento político a las autoridades electorales pone en riesgo a la democracia.
Agregó que dicha sentencia estableció también que las autoridades electorales deben ser objeto de las medidas electorales que correspondan, “pero no en la vía política, porque de lo contrario todo estaría sujeto a los vaivenes, a los efluvios políticos”.
“Estamos a punto de cruzar esa línea, en materia electoral. Por eso me refiero a ese tema, porque la democracia se puede ir perdiendo de varias formas, una de ellas es esta”, declaró Jorge Salas Arenas al canal digital Nativa.
Sostuvo asimismo que, si bien la mayor parte de los miembros del Tribunal Constitucional considera que sí puede haber juicio político para los titulares de los entes electorales, por la sentencia que emitió en una demanda competencial presentada por el Congreso, “cruzar esa línea ya significará, en esta materia, que nos acercamos mucho al autoritarismo”.
En ese sentido, dijo esperar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicite el escalamiento de la medida cautelar dictada a su favor a una medida provisional ante la Corte Interamericana. “Tengo que defenderme dentro del marco de lo que dice la ley”, precisó.
Salas Arenas señaló recientemente que "la democracia en el Perú está en riesgo" y se debe alertar de ello a la comunidad internacional, ya que se han presentado seis proyectos de ley en el Congreso que buscan someter a los titulares de los entes electorales a juicio y antejuicio político.
Además, el titular del JNE denunció ser objeto de amenazas de muerte por parte del líder grupo “Los Combatientes”, Robert Ayachi, ello durante una manifestación frente al local principal de la entidad ubicado en el Cercado de Lima.
Señaló que estos actos de hostilidad se califican en derecho penal como acosamiento y no son una manifestación de libertad de expresión.
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